El Desafuero de Pinochet (página 2)

7. Los actores

La Mesa inicia su trabajo presidida por el Ministro de
Defensa. Por las Fuerzas Armadas, luego del veto a los Auditores
Generales (oficiales abogados) por parte de los Abogados de
Familiares, asisten miembros de los cuerpos de Generales y
Almirantes de conocida confianza de sus respectivos Comandantes
en Jefe. Por el Ejército, el General Juan Carlos Salgado;
por la Marina, el Almirante Alex Waghorn (reemplazado
posteriormente por el Amirante Felipe Howard); por la Fuerza
Aérea, el General Ignacio Concha; y por Carabineros de
Chile
(policía uniformada), el General Roberto Ríos.
Pérez Yoma convoca a lo que él llama "las fuerzas
morales"; en primer lugar, las principales y más poderosas
confesiones religiosas: por la Iglesia
Católica, el Obispo Sergio Valech; por B’nai
B’rith (comunidad
judía), el Rabino León Cohen; por las iglesias
protestantes, el obispo Neftalí Aravena; y por la
Masonería, el Gran Maestre Jorge Carvajal. A ellos agrega
los representantes del "mundo de las ciencias y el
arte": los
escritores Guillermo Blanco y Sol Serrano; el historiador Gonzalo
Vial; el científico Claudio Teilteilboim y la
psicóloga Elizabeth Lira.

Los Abogados son representados (con la exclusión de
un grupo pro PC)
por Jaime Castillo, José Zalaquet, Roberto Garretón
y Pamela Pereira. Se designan dos coordinadores
"administrativos": el abogado Gonzalo Sánchez y el
psicólogo Jorge Manzi. Toda una "ingeniería política", pues cada
uno de ellos tenía conexiones fáciles con los
actores importantes que no podían o no querían
estar en esta instancia. Vial y Serrano con los partidos
políticos de derecha; Teilteilboim, con el PC;
Pereira, con la izquierda y el centro del Partido Socialista.
Carvajal, el propio Pérez y Cohen, con los empresarios;
Castillo, con el Poder Judicial;
Lira , Pereira y Garretón, con la Agrupación de
Familiares y la Central Unitaria de Trabajadores; Valech, con el
Cardenal Errázuriz y la Conferencia
Episcopal de la poderosa Iglesia Católica; Carvajal, con
el Partido Radical (socialdemócrata); los partidos con las
organizaciones
de clase media; y, por supuesto, cada militar con su jefe, los
Altos Mandos y las "familias" de militares retirados. El Ministro
se contactaba directamente o a través de sus
Subsecretarios y Asesores, con los senadores, diputados y con el
Gobierno en
Pleno.Los grandes propietarios de Medios de
Comunicación (el grupo Edwards y COPESA) eran
abastecido y "alineados" por varios miembros de la mesa y por las
estructuras
gubernamentales. La operación se inició exitosa,
Con la sóla excepción del PC, las Agrupaciones de
Familiares de Detenidos y Ajusticiados y un grupo de abogados de
Derechos
Humanos, el resto de la sociedad con voz,
expresó su beneplácito y sus deseos de
éxito. Todos sobrentendían, por supuesto, que el
gran ausente – y de alguna manera "moneda de cambio"- era
Pinochet, y que su destino influiría para bien o para mal
en el decurso del trabajo de los convidades por el Ministro de
Defensa. Los actores externos, pendientes del Impaciente Inglés
apresado en el barrio de Virginia Waters, en Londres, no dieron
muestras pesquizables de actividad sobre la iniciativa.

El siguiente cuadro resume brevemente la
situación:

Cuadro 2

Actores formales e informales de la "mesa de dialogo"

(21 de agosto de 1999)

Actor Formales Actores Informales

8. El texto

El Presidente de la República convocó el
martes 14 de junio a todo el espectro nacional para dar a conocer
lo que fue llamado el más "importante consenso" desde el
"Acuerdo Nacional" que dio inicio al Plebiscito que perdió
Pinochet. Los Comandantes en Jefe y el Director de Carabineros,
el Director de Investigaciones,
parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado,
encabezados por sus presidentes, todos los partidos
políticos (no asiste el PC), el ex candidato Presidencial
de la "Alianza por Chile", Joaquín Lavín, todos los
Ministros y Subsecretarios, el ex Ministro Pérez Yoma, los
miembros de la Mesa, las iglesias y otras fuerzas "morales",
representantes de las artes, la cultura, etc.
"Hoy estamos dando un gran paso en el camino de nuestra
reconciliación como Nación", empezó Lagos..
Luego de revisar los contenidos del acuerdo, precisando que no
era una ley de "punto
final" ni una lectura
monolítica de la historia, culminó
agradeciendo la generosidad de los participantes y las instituciones
que representaban, declarándose seguro de que esa
misma generosidad se expresaría en "los poderes del
Estado, que
vamos a ser capaces de estar a la altura de esta enseñanza
de grandeza que ustedes nos han dado" (SEGPRES, 14 de junio de
2.000).

Los medios de
comunicación destacaron el papel central
jugado en el acuerdo por dos actores que no estaban en la Mesa:
el Presidente Lagos y el General Izurieta. (El Mercurio, La
Tercera y La Nación dominicales, 25 de junio de 2.000). Se
dan a conocer diversos detalles que confirman las relaciones
extramurales de sus miembros con los actores más
representativos de la sociedad. De inmediato, sin esperar el
proyecto de
Ley , las Instituciones de la Defensa y Carabineros de Chile
dispusieron las medidas internas para recibir la información de la Iglesia y disponerse a
recabar los datos entre sus
contingentes en activo y en pasivo. Los miembros representantes
uniformados de la mesa se reunieron por separado con los
oficiales en retiro. Trasciende que el General Salgado tuvo una
larga reunión con los Generales ® del Ejército,
que aparecen como más comprometidos que el resto de las
ramas y que, al final de ella, habrían expresado su
disposición a sumarse al acuerdo . (El Mercurio,24 de
junio de 2.000 y La Segunda, 23 de junio de 2.000) .

Un documento que demoró diez meses en redactarse,
que requirió tal cantidad de consultas, presiones y
movimientos políticos de todo tipo, debe, a nuestro
juicio, ser conocido en su texto literal,
dejando las interpretaciones para las conclusiones finales. Por
eso la transcribimos fielmente a continuación:

Declaracion de la mesa de dialogo sobre derechos humanos santiago,
13 de junio de 2000

9. Reflexiones
fundamentales

La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo
Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que
dificulta que el país avance unido hacia el futuro.

Chile sufrió, a partir de la década de los 60,
una espiral de violencia
política, que los actores de entonces provocaron o no
supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos
hayan propiciado la violencia como método de
acción política. Este grave conflicto
social y político culminó con los hechos del 11 de
septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen,
legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra
actitud
legítima que el rechazo y la condena, así como la
firme decisión de no permitir que se repitan. Nos
referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que
incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el
gobierno militar. Nos referimos también a la violencia
política cometida por algunos opositores al régimen
militar .

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no
resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente
contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de
todos un espíritu de grandeza moral que nos
permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de
avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA
y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de
entidades éticas y personeros de la sociedad civil,
han trabajado por largo tiempo en esta
instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza
sobre la base de la tolerancia y la
franqueza.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se
desprenden de nuestra historia reciente:

El país necesita hacer todo lo humanamente posible para
que nunca más se recurra a la violencia política o
se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

Reafirmamos que es condición del estado de derecho
que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado
exclusivamente a los órganos competentes en un sistema
democrático, como también el rechazo absoluto de la
violencia como método de acción política. Se
hace indispensable desterrar y rechazar, de manera
categórica, cualquier forma de acceso al poder por
vías distintas de las democráticas.

Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y
en particular el respeto de los
derechos fundamentales de todos los habitantes de la
República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento
ético de las instituciones de la Nación.

Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras
en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello,
se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la
enseñanza nacional, los contenidos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario.

La solución del problema de los detenidos desaparecidos
requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando
ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino.
Si conseguimos ese objetivo
habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu – en
alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de
conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese
deber; también tiene como propósito que el
país tome conciencia, de
manera concreta, de aquello que no debe repetirse.

10. Contenidos principales de un
compromiso para ser asumido por el pais entero

Con el fin de superar los problemas del
pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos,
llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy
activamente a las más altas autoridades del país, a
las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas,
así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la
tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o,
cuando ello no sea posible, obtener al menos la
información que permita clarificar su destino.

Condiciones generales sobre la información

Con el objeto de obtener información útil y
conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos
desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que
establezcan el secreto profesional en los términos que se
señalan más adelante.

La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la
información que pueda tener sobre el paradero o suerte de
los detenidos desaparecidos incurre en una conducta
moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de
que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la
legislación vigente, de los delitos de
perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia.
Igualmente, quienes entreguen información falsa o
tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o
denuncia calumniosa.

Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:

Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se
comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis
meses, desde que entre en vigencia la legislación que
proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener
información útil para encontrar los restos de los
detenidos desaparecidos o establecer su destino. La
información que por esta vía obtengan, será
entregada al Presidente de la República.

Las personas que reciban o recaben esta información
estarán amparados por el secreto profesional, conforme al
cual no estarán legalmente obligados a señalar su
fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del
informante. Quienes violen este secreto profesional
deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación
vigente.

La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los
mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que
sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa
información, pero están dispuestas a colaborar en
su obtención.

Respecto de las instituciones religiosas y éticas
presentes en esta Mesa de Diálogo:

Las autoridades de instituciones religiosas y éticas
presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a
colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo,
promoverán mecanismos para que sus respectivas
instituciones puedan recibir información útil y
conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para
lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no
revelar sus fuentes de
información. La ley deberá establecer las
categorías de personas que detentarán las
prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta
vía se obtengan, serán entregados al Presidente de
la República.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo
siguiente:

Al Poder
Ejecutivo:

Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso
Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales
necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional
para quienes reciban o recaben información sobre el
paradero de los detenidos desaparecidos.

Que disponga de los recursos materiales y
humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que
estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.

Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la
designación de los Ministros en Visita que correspondan,
una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional:

Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que
proponga el Presidente de la República en orden a
establecer el secreto profesional.

A la Corte Suprema de Justicia:

Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y
otorguen especial atención a las causas que, con motivo de
la información remitida por el Presidente de la
República, sea necesario instruir para los fines de
aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos
casos en que la nueva información corresponda a procesos que
se encuentran en actual tramitación, ésta
deberá remitirse al tribunal correspondiente.

Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas
sean tramitadas con la mayor expedición posible,
especialmente en lo referente a la localización,
exhumación, identificación, establecimiento de la
data y causas de la muerte,
así como la entrega de los restos a sus familiares, todo
ello de acuerdo con la legislación vigente.

Solicitamos al señor Presidente de la República,
como máxima autoridad de
la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las
medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de
estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por
otros seis meses.

Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación
y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para
conseguir los objetivos
propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su
disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre
medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar
viables.

11. Consideraciones
Finales

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado.
Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los
conflictos y
divisiones que han dañado al país.

El espíritu que nos anima es legar a las nuevas
generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la
libertad, la
verdad, la tolerancia y el respeto.

La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se
pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la
unidad nacional ya profundizar las bases de la convivencia entre
todos los chilenos.

12. La ley micro-ondas (Ley del
Secreto Profesional)

El 16 de junio en la mañana, fue llamado al Palacio de
la Moneda el Presidente de la Cámara de Diputados,
Víctor Barrueto (PPD), a un encuentro de
coordinación con el Ministro Secretario General de la
Presidencia, Alvaro García. El encargado de señalar
públicamente la propuesta presidencial fue el Ministro del
Interior, José Miguel Insulza, quien precisó que la
iniciativa legal se limitaría a modificar el
artículo 201 del Código de Procedimiento
Penal, que se refiere a quienes están excluidos de
declarar en los procesos por ser depositarios de secreto
profesional, y que se buscaría establecer dicho secreto
"para los integrantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones
morales que puedan recabar información conducente a
esclarecer el paradero de personas detenidas desaparecidas"(El
Mercurio, 17 de junio de 2000, pág. C-1), por un plazo
definido de seis meses. El propio Insulza se reunía a
mediodía con el senador de Renovación Nacional,
Sergio Diez, quien aseguró que la derecha no
presentaría indicaciones al proyecto del Ejecutivo; "lo
garantizo absolutamente, no sólo por mi partido, sino que
por la Alianza por Chile, ya que lo hemos discutido y acordado".
El proyecto había salido el día anterior a las
manos del Presidente de la UDI, Pablo Longueira, y el Presidente
de Renovación Nacional, Alberto Cardemil. Esa tarde,
desfilaron por La Moneda los miembros civiles de la Mesa, con
quienes se consultó letra a letra la iniciativa legal (La
Nación Semanal, domingo 25 de junio de 2000).

A las 19 horas del 19 de junio, el Ministro Secretario General
del Presidencia –en representación de Lagos- se
reunía esta vez con la Mesa de la Cámara de
Diputados y los representantes de los diversos comités
legislativos y Jefes de Bancadas de los partidos. En la
reunión, según informara el Diputado Víctor
Barrueto, Presidente de la Cámara Baja (La Nación,
20 de junio de 2000, pág.2) se habría acordado
discutir el proyecto del Ejecutivo con carácter de "suma
urgencia" (máximo de tres días). "Mi idea es que lo
saquemos adelante en 48 horas, personalmente descarto la
vía de los diez días".

Al día siguiente, a las 8.30 A.M. el texto ingresaba a
la Cámara de Diputados, donde empezó a ser
discutido por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y
Justicia, y de Derechos Humanos. A las 24 horas, en la
mañana del día posterior, el Pleno de la
Cámara – luego de despejar las tribunas por incidentes
provocados por la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos- aprobaba el proyecto, el que pasaba esa misma
tarde al Senado, a sus Comisiones unidas de Constitución
de Legislación y Justicia y de Derechos Humanos. (La
Segunda, 21 de junio de 2000. pág. 35) Y a las cuarenta y
tres horas de haber ingresado – mediando nuevos incidentes en la
Cámara Alta y la abstención de cuatro diputados y
un senador- el proyecto se encontraba aprobado (La Tercera, El
Mercurio, La Nación, 22 de junio de 2.000)

El 23 de junio , el Presidente del Tribunal Constitucional,
Osvaldo Faúndez dio a conocer el acuerdo de esta
última instancia en el proceso de
decisiones legales chileno, señalando que "las normas del
artículo único del proyecto no son contrarias a la
Constitución Política de la República" y,
por lo tanto, correspondía su publicación en el
Diario Oficial para pasar a ser Ley de la República. (El
Mercurio, La Nación y La Tercera, 24 de junio de
1999).

El texto de la Ley, publicada en el Diario Oficial el 1°
de julio , es el siguiente:

13. Proyecto de ley:

Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o
ministros de culto) de iglesias. confesiones o instituciones
religiosas que gocen de personalidad
jurídica. los miembros de la Gran Logia de Chile y de la
B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile que dichas instituciones
determinen, estarán obligados a mantener reserva
únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para
identificar a quienes les proporcionen o confíen
información útil y conducente para establecer el
paradero y destino de los detenidos-desaparecidos a que hace
referencia el artículo 6° de la Ley N°
19.123.

La determinación de las personas a que alude el
inciso anterior, será reservada y deberá contenerse
en un registro que
deberán llevar las instituciones mencionadas. a cargo de
un ministro de fe designado para tal efecto.

La comunicación. divulgación o
revelación del nombre o datos de quienes hayan
proporcionado la información a que hace referencia el
inciso primero, será sancionada con las penas
señaladas en el artículo) 247 del C6digo Penal,
según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición
será exigible a las personas señaladas en el inciso
1°, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí
se señalan. Dichas personas se entenderán
comprendidas en el N° 2 del artículo 201 del
Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable
respecto de la información que aquellos reciban dentro del
plazo de seis meses contados desde la publicación de la
presente ley.

La información que obtengan los organismos a que se
refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al
Presidente de la República a más tardar al
vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso
quinto.

La información a que se refiere esta ley no le
será aplicable al artículo II Bis de la Ley N°
18.575.

14. In nula ress: desafuero del
dictador

Acto primero:la corte de apelaciones

Esta crónica de un fallo anunciado comienza el 12 de
enero de 1998, cuando la Secretaria General del Partido
Comunista, Gladys Marín, presenta la primera querella
acusando a Pinochet de ser el responsable de la
desaparición de su marido, el ingeniero dirigente de ese
partido, Jorge Muñoz.

El 16 de enero de ese año, el Pleno de la Corte de
Apelaciones de Santiago designa Ministro de Fuero al Juez Juan
Guzmán Tapia, para investigar todas las querellas que se
presenten en contra del ex Comandante en Jefe.

El 4 de agosto, el Juez Guzmán afirma que ha
establecido la existencia de delitos, posiblemente homicidios
calificados, perpetrados durante la "comisión de servicio"
(Caravana de la Muerte) que
comandó en 1973 el General ® Sergio Arellano Stark,
donde se ejecutaron a 72 presos políticos.

El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet es detenido en la
London Clinic por una orden emanada del Juez español,
Baltazar Garzón, acogida por el Ministerio del Interior
británico.

El 8 de junio de 1999, el Ministro Guzmán somete a
proceso al General ® Sergio Arellano Stark y a los oficiales
® Moren, Díaz y Espinoza, por la desaparición
de 19 personas en las ciudades de Cauquenes, Copiapó, y
Calama, atribuidas a la "Caravana de la Muerte",.

El 5 de julio de ese año la Quinta Sala de la Corte de
Apelaciones, en fallo unánime, confirma la
resolución de Guzmán.

El 27 de julio, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirma
el dictamen de la Corte de Apelaciones.

El 4 de octubre el Ministro Guzmán envía un
exhorto a Londres para interrogar a Pinochet, quien se excusa por
medio de una "carta rogatoria",
por "encontrarse detenido por una jurisdicción
extranjera"

El 2 de marzo de 2.000, los abogados querellantes presentan
una solicitud de desafuero contra el Senador Vitalicio, un
día antes del regreso de Pinochet a Chile, luego de 503
días de detención en Inglaterra.

El 6 de ese mes el Juez Guzmán eleva a la Corte de
Apelaciones de Santiago los autos por el
desafuero de Pinochet.

El 12 de marzo, el Presidente Lagos, que había asumido
la Primera Magistratura el día anterior, negó que
vaya a ejercer presión de ningún tipo sobre los
tribunales, pues su papel es "asegurar que funcione el Estado de
Derecho"…"hay que dejar actuar a los jueces",
agregó.

El 26 de abril de 2.000, la Corte de Apelaciones rechaza por
14 votos contra 6 realizar exámenes médicos a
Pinochet antes del inicio de los alegatos por el desafuero, o
pre-juicio (antejuicio)

El 27 y 28 de abril se realizan los alegatos por el desafuero
en dicha corte. Por el desafuero alegan los abogados querellantes
Carmen Hertz, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras, Hiram Villagra,
Boris Paredes, Hugo Gutiérrez y Juan Bustos, y la
Presidenta del Consejo de Estado, Clara Szczaranski. Por la
defensa, el abogado Ricardo Rivadeneira.

El 2 de mayo la Corte vuelve a rechazar los exámenes
médicos al General "como medida para mejor resolver" y
entra a discutir el fondo del desafuero.

El 23 de mayo de 2.000, la Corte de Apelaciones de Santiago,
por 13 votos contra 9, acoge el desafuero de Pinochet.

El 5 de junio la Corte da a conocer oficialmente el fallo que
quita la inmunidad parlamentaria al Dictador.

Acto segundo: la corte suprema

El 9 de junio la defensa de Pinochet presenta la
apelación ante la Corte Suprema y, aunque toca el tema de
los exámenes, no realiza una petición formal de
efectuarlos.

El 14 de julio trasciende que los Ministros de la Corte
Suprema, en lo que se denomina "relación privada"
(establecida por la costumbre, ya que la Ley 19.317 del 8 de
agosto de 1984 estableció que a estas acciones
debería tener acceso los abogados querellantes),
interrogaron a la Relatora de la Corte, Gloria Ana
Chévesich, durante la exposición previa a la vista
de la causa, respecto a "la forma en que se produjo la
delegación de funciones del
entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto
Pinochet, al General Sergio Arellano Stark " (El Mercurio, 14 de
julio de 2.000). Los Ministros ya habían recibido el fallo
de la Corte de Apelaciones y un resumen del proceso realizado por
la alta funcionaria judicial. Los jueces habrían
preguntado además sobre las diferencias en los testimonios
de los oficiales implicados en los 19 casos de asesinatos de la
"Caravana de la Muerte", en particular sobre el propio Arellano,
el Brigadier Pero Espinoza (preso por el asesinato de Letelier),
los Coroneles ® Sergio Arredondo, Pedro Espinoza Bravo,
Marcelo Moren Brito y Patricio Díaz, y el Capitán
Armando Fernández Lario (condenado por el asesinato de
Letelier en EE.UU., y libre bajo protección al
testigo).

El 11 de julio la defensa de Pinochet insiste en los
exámenes médicos antes de los alegatos por el
desafuero en la Corte Suprema.

El 19 de julio, en decisión unánime, los veinte
Ministros de la Corte Suprema rechazan decretar los
exámenes como trámite previo

El 20 y el 21 de julio se realizan los alegatos en la Corte
Suprema. Por la defensa, Rivadeneira. Por los querellantes,
Insunza, Contreras, Villagra, Paredes, Gutiérrez y Gustavo
Horvitz.

El 25 de julio la Corte vuelve a rechazar los exámenes
(11-9) como medida para mejor resolver.

A menos de 24 horas de la resolución de la Corte, los
abogados Fabiola Letelier y Hugo Gutiérrez presentan la
querella N° 154 contra Pinochet, por el fusilamiento del
sacerdote español Juan Alsina, en 1973.

El 31 de julio el Presidente del Tribunal dice que el fallo se
dará a conocer el día siguiente sólo si es
"contundente". Su tesis no
sería aprobada por sus colegas, pues se requería
tiempo para escribir los acuerdos de mayoría y
minoría, y porque los jueces podían cambiar su voto
hasta el momento de firmar.

El 1° de agosto, la Corte Suprema, por 14 votos contra 6,
resuelve desaforar al Senador Vitalicio. El fallo, mantenido en
secreto mientras se redactaba (le correspondió hacerlo al
Ministro Humberto Espejo Zúñiga) y era firmado por
todos los Ministros, trasciende a los medios el 4 de agosto.
Técnicamente la resolución queda "en acuerdo".

Siete días después, el 8 de agosto de 2.000, la
Corte Suprema da a conocer su "sentencia de alzada",

El largo y fundado fallo concluía que "Por estas
consideraciones y citas legales se confirma la sentencia en
alzada de fecha cinco de junio dos mil, escrita a fojas 3635, y
se resuelve, además, que no se hace lugar a la nulidad de
lo obrado subsidiariamente solicitada en el recurso de
apelación deducido en estos autos".

Pinochet había sido desaforado.

Acto tercero: reacciones

La situación procesal de Pinochet era clara para los
letrados. El Abogado Eduardo Contreras (La Segunda, 1° de
agosto de 2.000), con claridad meridiana, señala que el
Juez Guzmán tendría que tomar tres
decisiones:

• La oportunidad en que solicitará el Servicio
  Médico Legal la realización de los
  exámenes médicos que dispone el Código de
  Procedimiento Penal para los mayores de 70 años que son
  inculpados de un delito;
• El minuto en que tomará declaración
  indagatoria a Pinochet, fijada por la ley como requisito
  esencial (de debido proceso), antes de dictar cargos en contra
  de una persona; y
• El momento en que dictará el auto de procesamiento
  si llega a la convicción de que existen presunciones
  fundadas para atribuir responsabilidad penal a Pinochet en los delitos
  que actualmente se le imputan.

Había consenso en los abogados querellantes de la
existencia de normas que permitirían a Pinochet cumplir
un eventual confinamiento en un recinto militar a en alguna de
sus numerosas residencias.

El problema era que el pinochetismo creía posible
revertir la situación, a pesar de su contundencia.
Veamos.

La Derecha política, desde antes del anunciado fallo,
llamaba a conspirar. El senador de Renovación Nacional,
Ignacio Pérez Walker, uno de los partidarios de que el
propio Pinochet saliera a agitar públicamente su causa, lo
decía sin ambajes: "El tiene el derecho a defenderse por
otras vías a las legales. Lo mismo las Fuerzas Armadas,
que incluso pueden ser deliberantes. (La Tercera, 31 de julio de
2.000).

Con un dejo de desilusión, el diario de la cadena
Edwards, "La Segunda", debía reconocer el 1° de agosto
que "Indiferente se ha tornado el caso Pinochet para los
analistas e inversionistas extranjeros que tienen su mirada
puesta en Chile. En Wall Street, los últimos
acontecimientos que han afectado al senador vitalicio no han
cambiado la percepción
que se tiene de nuestra economía. Y citando
voceras de las principales agencias de análisis económico norteamericano
(Santander Investment, Morgan Stanley, ABN Munro, Compass Group)
concluyen que es un factor "irrelevante " a la hora de tomar
alguna decisión sobre Chile. (La Segunda, Crónica,
1° de agosto de 2.000)

Los Abogados querellantes, pocas horas antes de conocerse el
fallo , a través de Hugo Gutiérrez (PC), declaraban
: "No veo en la cárcel a Pinochet"…"por lo demás,
yo me quedo conforme con que la Corte confirme su desafuero" (La
Segunda, 31 de julio de 2.000).

El 1° de agosto , el General Patricio Ríos dijo en
entrevista
radial que en la Fuerza Aérea no pasará nada si se
desafuera a Pinochet. La FACh, dijo "debe mantener siempre una
línea, una dirección, sin importar lo que pase a su
alrededor. Como institución del Estado debe mantener un
solo accionar" . Agregó que estaban "ganando confianza"
para que las personas puedan entregar la información
requerida por los acuerdos de la Mesa de Diálogo.(La
Segunda , 2 de agosto de 2.000)

Dos días después, trascendido el fallo ya, el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, declaró que
el (eventual) desafuero de Pinochet podría dificultar la
entrega de información sobre detenidos desaparecidos, pero
en muy cuidadas y crípticas palabras. A la venenosa
pregunta ¿Esa desconfianza se daría porque
habría alcances legales para aquellas personas que puedan
aportar información, más allá de una
relación sentimental con el senador Pinochet?, responde,
imperativo: "No mezclemos las cosas. Aquí hay un tema
político, hay un tema judicial y hay un temas de confianza
que es la Mesa de Diálogo y nosotros nos comprometimos con
el Presidente a intentar solucionar" (El Mercurio, 3 de agosto de
2.000). El intento de polémica lo inició ese mismo
día la Abogada de Derechos Humanos y miembro de la Mesa,
Pamela Pereira , quien calificó los dichos de "graves"( La
Tercera, 4 de agosto de 2.000).

El 4 de agosto el Gobierno salió al paso de esas
declaraciones. El Ministro del Interior, en inequívocas
frases, declaró: "El clima de
confianza en el país se genera cuando el Ejecutivo
gobierna, el Congreso legisla y los tribunales hacen justicia. Y
no hay más poderes del Estado que esos". (El Mercurio, 4
de agosto de 2.000) Y diferenciado con claridad a los dirigentes
políticos de los mandos castrenses, señaló
que "el Diputado Cardemil es un dirigente político y
presidente de un partido y está en su derecho al plantear
opiniones de carácter político que estime
convenientes. En esta materia no
existe restricción alguna. No es la misma situación
de una autoridad pública" (El Mercurio, 4 de agosto de
2.000.

Al cierre de este informe (8 de
agosto de 2.000), los partidos de Derecha, el Presidente de la
Confederación de la Producción y el Comercio y
otros dirigentes empresariales pinochetistas, los Senadores
designados ligados al régimen militar, la "Familia Militar"
del Ejército y los entes creados para el Dictador
(Fundación Pinochet, Corporación 11 de septiembre,
CEMA-Chile, etc.) arreemetían contra los jueces, acusaban
al Gobierno de presionar al Poder Judicial y anunciaban acciones.
En el decir del Jefe de la Bancada de Senadores de la UDI,
"obviamente que vamos a reaccionar, no nos vamos a quedar
mirando… se va a producir un desencadenamiento de hechos,
circunstancias y climas que se darán dentro de la
institucionalidad, pero que serán muy complicados para el
país" (La Segunda, 7 de agosto de 2.000.

15. Conclusiones

1.- Se ha cerrado el círculo virtuoso . Si los jueces
siguen actuando en derecho – que es lo más probable
– el Dictador será interrogado y sujeto a
exámenes médicos . Los facultativos, según
los especialistas que consultamos , podrán diagnosticar
sus numerosos padeceres físicos y el deterioro mental
producto de
los anteriores , pero no podrán declararlo demente,
patología claramente especificada en la
Clasificación Internacional de Enfermedades , en su
sección de salud mental, y
sancionada por la práctica psiquiátrica y forense
chilenas. El juicio por lo tanto, seguirá, pues en la ley
vigente sólo los dementes (locos , psicóticos ) son
declarados inhábiles . Los demás juicios que
implican a Generales y otros oficiales, también
continuarán su curso, hasta comprobar quiénes
fueron los autores materiales e intelectuales de los
crímenes, y sentenciarlos. En casi todos ellos,
aparecerá de nuevo, establecida ya la verticalidad del
mando, el ex Comandante en Jefe del Ejército ( en tal
calidad o como
Presidente de facto), Augusto Pinochet Ugarte.

2.- Los actores políticos principales buscarán
en una primera etapa, precipitar una mayor confrontación.
La derecha pinochetista intentará que el conjunto de la
derecha presione a las Fuerzas Armadas y al empresario para que
pasen de las declaraciones a las acciones , al límite de
la institucionalidad y apuntando al golpismo, sobre el Gobierno
de Lagos. Pero no lo lograrán, porque los intereses de los
grupos y
sectores hegemónicos de las clases dominantes, de las
instituciones armadas y del liderazgo
viable de Joaquín Lavín, optarán por la no
confrontación y desestabilización del sistema
político y el modelo de
desarrollo de
sociedad que éste sustenta. En las FF.AA., la Marina y la
Fuerza Aérea –más la primera que la segunda
– buscarán el rápido acuerdo con el Gobierno
que les permita concretar sus planes de modernización ,
dejando al Ejército atrás, presionando
todavía por un acuerdo político ( que se traduzca
en Ley o en Amnistía Presidencial) que salve al Dictador.
Los Grandes Grupos Económicos forzarán a las
organizaciones empresariales a apoyar la política
económica y la inserción global del gobierno,
en la que ven más futuro que el incierto panorama de la
ingobernabilidad. Los sectores "liberales" y otros no
pinochetistas de Renovación Nacional, coincidirán
con el grueso de la UDI de no embarcarse en una aventura
rupturista por una causa tan poco cara al electorado como la
defensa de los violadores de derechos humanos, que les
podría traer derrotas irremontables en las elecciones
municipales de octubre y en las parlamentarias del 2.002,
poniendo en riesgo la
opción de Lavín el 2.006.

3.- El Gobierno de Lagos, sea por voluntad presidencial o por
decisión de persistir en su línea de "dejar actuar
a los jueces" con autonomía, enfrentará la
arremetida del pinochetismo, buscando conjurar las amenazas
desestabilizadoras, especialmente las provenientes del
Ejército. Es esperable que se aceleren los entornos que
faciliten el acuerdo: alianza estratégica con Argentina y
Brasil,
medidas de confianza con la segunda, mayores misiones de paz de
la ONU, acuerdos con
EE.UU( visita este mes de la Secretaria de Estado, Madeleine
Albraight), industria
militar compartida y otras. La tendencia será el trato con
el conjunto de las FF.AA. para decidir los niveles del Gasto en
Defensa, de manera de empujar al Ejército a la
racionalidad que ha impuesto el Alto
Mando de la Marina. Dicha institución buscará
negociar por separado su plan "Tridente".
Lagos seguirá desafiando toda acción que aparezca a
los ojos de la opinión pública como desacatos a la
autoridad del Jefe de Estado.

4.- Es posible predecir que la moneda de cambio que la UDI (
con tibios apoyos del Alto Mando del Ejército) intente
imponer al resto de la derecha, a las FF.AA., sea la
oposición a todo tipo de Reformas Constitucionales
desmilitarizadoras y al resto de las reformas que planteó
al país el Presidente Lagos en su primer Mensaje
Presidencial al Congreso, el 21 de mayo de 2.000.

5.- Se pasa de la "Política de los consensos" de la
Concertación I y II ( Aylwin y Frei), a la política
de las mayorías nucleadas en torno al
liderazgo evidente del Presidente de la República. El
Gobierno buscará un resultado favorable en las elecciones
municipales, que sea la base firme para lograr cambios
sustantivos en el Senado en 2.002. Los teatros de corto plazo se
miran con los ojos del mediano plazo, apuntando también al
2.006. Las Agrupaciones de Familiares apoyarán la
acción cdl Presidente, y el PC quedará sin discurso
creíble si se opone.

6.- Varios puntos claves en un escenario tan enrarecido:

a)La posición del Partido Demócrata Cristiano;
esto es, si sus sectores no derechistas impondrán la
unidad del partido para ser parte protagónica de la
Concertación en torno a la política del Presidente,
o si los sectores más derechistas (los "colorines", el
Alcalde de Santiago, Jaime Ravinet y otros menores) logran
perfilar un "camino propio" cada vez menos unitario.

b)Las decisiones del Alto Mando del Ejército, tironeado
fuertemente por el pinochetismo (la "Familia", los empresarios
cercanos al Dictador, los senadores designados de uniforme , el
núcleo "duro" de la UDI, etc.) y seguramente alguna
oficialidad no renovada, y por otro, por los mandos y oficiales
más profesionales que miran hacia el futuro institucional,
que en buena medida lo decide Lagos.

c)Las posibilidades que la situación económica
nacional e internacional permitan al

Gobierno asumir los Gastos en Defensa
que necesitan las instituciones , que puede ser la base de un
acuerdo para todo el período de Lagos, sin perjudicar sus
políticas sociales, decisivas en el
desafío de construir mayorías.

Programa de investigacion fuerzas armas y
sociedad
Centro de investigaciones sociales
Universidad
arcis
Analisis de coyuntura n°2

La mesa de dialogo y el desafuero de pinochet:
¿impunidad o justicia en chile?
Carlos Gutiérrez
Carlos Zarricueta
Jean Becker
Juan Domingo Silva
Patricio Quiroga
Antonio Cavalla
Santiago, 8 de agosto de 2.000

Palabras claves: chile- ffaa- pinochet-verdad y justicia en
derechos humanos

Autor:

Antonio Cavalla Rojas